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Entre los atributos esenciales de la soberanía que todo estado tiene, se encuentra la capacidad para decidir la estructura y características de su sistema fiscal. Esta característica ha sido aprovechada por algunos territorios, conocidos como “paraísos fiscales”, que han aprendido que el capital tiende a trasladarse y acumularse allá donde los impuestos son menores, y que vienen compitiendo por llamar la atención internacional a través de concesiones fiscales y regulatorias envueltas en un halo de secreto. Para luchar contra los efectos de estas concesiones, determinadas organizaciones internacionales vienen intentando, desde finales del siglo XX, que estas jurisdicciones asuman regulaciones fiscales con arreglo a los estándares internacionales. Y entre los instrumentos utilizados destacan las denominadas “blacklists”, publicadas reiteradamente entre 1998 y 2018, para persuadir a los territorios en ellas incluidos de que eliminasen las actividades que contribuyen a la evasión fiscal y al blanqueo de capitales, sin que dicho objetivo, aparentemente, se haya logrado. Este trabajo tiene como objetivo primordial validar la efectividad de dicha estrategia, básicamente a través de las “blacklists”, y dar respuesta a la pregunta sobre si se está realmente avanzando hacia la desaparición de los “paraísos fiscales”. Adicionalmente, se han evaluado las actuaciones de los movimientos sociales más identificativos en la lucha por la Justicia Fiscal, que han permitido trasladar a la ciudadanía el conocimiento que les era ocultado sobre la cuestión de las jurisdicciones “offshore”: sus implicaciones en la ocultación y evasión fiscal, evidenciadas a través de filtraciones que se han venido publicando ininterrumpidamente desde 2007.