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Hoy  día  sabemos  que  el  derecho  no  puede  simplemente  dividirse  entre  lo  que  compete  a  las  normas  que  regulan  las  actuaciones  de  los  organismos  del  Estado  y  sus  relaciones  con las personas naturales y jurídicas, y lo que tiene que ver con las relaciones entre los particulares. Esto se ha venido asumiendo así porque también las disposiciones de uno y otro pueden regir los temas relaciones entre Estado y particulares que actúen, bien sea bajo los lineamientos de las potestades públicas o siguiendo relaciones y normativas creadas en su propio nombre y beneficio. Bajo  ese  entendido,  el  concepto  de  propiedad  se  adoptó  en  los  ordenamientos  jurídicos  desde  las  esferas  de  lo  público  y  lo  privado.  En  Colombia  de  manera  amplia,  dicho  concepto  comenzó  a  desarrollarse  con  la  promulgación  de  la  constitución de 1991, puesto que el establecimiento de Colombia como un estado social de derecho implicó una profunda transformación en lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad privada y su relación también con el concepto de dominio estatal.  Sucede  así  que  la  constitución  política  de  Colombia  en  el  artículo  58  reconoce  y  protege  la  propiedad  privada  en  la  medida  en  que  en  su  articulado  extiende  la  garantía  a  los  demás  derechos  que  se  adquieren  conforme  las  leyes  civiles, pero también señala que esta tiene una función social que implica una serie de obligaciones que son inherentes también a cumplir con una función ecológica.