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La cuestión ambiental a nivel mundial ha tomado caracteres de emergencia y preocupación cuando se habla de los indicadores del ambiente (agua, aire, recursos naturales, bosque y otros), pero las muestras de dicha preocupación se contradicen cuando se observa que los gobernantes no plasman en términos presupuestarias tal situación.  Al contrario, las asignaciones institucionales para el medio ambiente continúan siendo bajas y en el caso de Guatemala no es la excepción. En Guatemala existe una institucionalidad ambiental débil y con bajos fondos para responsabilidades geográficas grandes, así como las intervenciones se encuentran desde dotaciones regulares de fondos hasta incentivos para reforestar, pero aún así el estado de situación de los bienes ambientales es sumamente frágil y con tendencia a deteriorarse aún más.  Otro elemento que no contribuye a proveer una mejor calidad al medio ambiente en Guatemala, es que la corrupción se volvió cada vez como el elemento central que determina la asignación de fondos, así como produce un fenómeno irracional en la ejecución de los recursos financieros, puesto que la corrupción se convirtió en el centro de todo el esfuerzo gubernamental y municipal, lo cual repliega y limita aún más los resultados de la gestión en materia ambiental. La asignación no es el único paso clave para mejorar la dotación de fondos, sino pasa por la imperiosa necesidad de una reforma tributaria de orientación progresiva y una recomposición de las prioridades del gasto en Guatemala. Igualmente, es necesario medir con precisión los resultados de la gestión de gobiernos -central y municipal- para poder reconocer cuál ha sido el impacto redistributivo del gasto ambiental, que debería de constituirse en un conjunto de bienes y servicios ambientales que apunten a generar el bienestar de las personas en una sociedad, como un bien público diferente a los que tradicionalmente se han venido apoyando.